Esta entrada ha sido preparada por Delia Ferreira Rubio, miembro de la Junta Directiva internacional de Transparency International y presidenta del capítulo Argentino Poder Ciudadano. Para más información vea la sección especial en el sitio web de Transparency International (and in English).
La sociedad civil le ganó la partida al gobierno de Venezuela.
En la XL Asamblea de la OEA, que se cerró ayer en Lima, estaba en discusión una Resolución para el “Aumento y Fortalecimiento” de la participación de la Sociedad Civil en las actividades de la OEA. A último momento, Venezuela propuso incluir una cláusula que condicionaba la participación de las organizaciones de la sociedad civil a lo que dispusiera la legislación interna de los Estados miembro.
Esta misma cláusula figura en el Reglamento del MESICIC -el Mecanismo de Seguimiento e Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción. Utilizando esa cláusula, Venezuela ha obstaculizado permanentemente la participación de las organizaciones venezolanas – entre ellas Transparencia Venezuela – en las actividades de control de la corrupción.
Las más de 136 OSCs presentes en Lima decidieron enfrentar esta propuesta de Venezuela. Transparency International fue elegida vocero del reclamo “No a la Restricción”. Le planteé la cuestión al Secretario General Insulza en la reunión que mantuvieron el 4 de Junio. Mercedes de Freitas, de Transparencia Venezuela, planteó el tema en la sesión de Diálogo abierto del Secretario General con todas las OSCs presentes, celebrado el día 5 de Junio.
Como vocera de las OSCs lo planteé frente a los Jefes de Delegación de los 33 países miembro, en el Diálogo con la Sociedad Civil que tuvo lugar el día 6 de Junio. Reclamé un “firme, claro y expreso” rechazo a la pretensión de Venezuela. Asimismo abogué por la aprobación de la Ley Modelo de Acceso a la Información Pública, destacando que se trata de un derecho esencial para el ejercicio del control ciudadano y la efectiva participación.
En esa ocasión, Panamá, Estados Unidos, Chile, Perú, Canadá, Uruguay, Trinidad Tobago y México expresaron el apoyo al reclamo de la sociedad civil, destacando que es la participación de la ciudadanía la que legitima y fortalece a la OEA.
La discusión pasó a la Comisión General donde luego de arduas negociaciones a lo largo del 7 de Junio, se impuso el criterio de las OSCs y se aprobó la Resolución SIN EL AGREGADO PROPUESTO POR VENEZUELA.
Hay que mencionar que la discusión fue sumamente interesante. Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia y México se opusieron firmemente a la pretensión de Venezuela que contó con el apoyo de Bolivia, Perú y Nicaragua. La Delegación Argentina no se manifestó en público, pero en diálogo con TI aseguró que en caso de votar lo haría a favor de Venezuela.