De las palabras a la acción: Estados de las Américas y la Convención Interamericana contra la Corrupción

Marta Erquicia es Senior Programme Coordinator para las Américas en Transparency International.

En 1996, los países de las Américas, como respuesta a los escándalos de corrupción que sacudieron a la región, unieron esfuerzos que dieron como fruto la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Fue la primera vez a nivel global que los estados se pusieron de acuerdo en un marco común para luchar contra la corrupción y la Convención representó una guía para que los países avanzasen en la reducción de los niveles de corrupción a nivel nacional, pero también que se apoyasen unos a otros en esta tarea.

photo: OEA-OAS

Pero para que las convenciones sean efectivas los países las tienen que traducir en acciones concretas. Para esto, en 2003 se estableció el MESICIC (Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción). Un sistema de monitoreo que ayuda a estados, sociedad civil y otros actores a conocer mejor cómo y si los países están implementando la Convención, conocer sus necesidades y apoyarles donde lo necesiten.

Ya llevamos quince años con Convención, pero la corrupción sigue siendo uno de los mayores problemas en la región. Altísimos niveles de corrupción e impunidad van de la mano de desigualdad, violencia y pobreza. A pesar del crecimiento económico del que hemos sido testigos en los últimos años, casi 200 millones de personas, un tercio de la población de la región, viven en la pobreza y 13 por ciento en situaciones de extrema pobreza. Instituciones débiles, niveles bajos de gobernabilidad y captura del estado afectan de forma negativa a los esfuerzos que promueven un desarrollo humano sostenible y equitativo.

Para entender mejor cómo está cumpliendo cada país con las promesas a las que se comprometió al firmar la Convención, evaluadores externos comenzarán, el año próximo, a visitar los países. Este proceso contempla reuniones con representantes gubernamentales y del sector privado, sociedad civil y otros actores para conocer de primera mano si la Convención se está implementando de forma adecuada, porqué los estados están teniendo dificultados para hacerlo y qué ayuda técnica necesitarían para hacerlo mejor.

Estas visitas al país, no serán la panacea para acabar con la corrupción en América, pero son un buen método para obtener información objetiva sobre la implementación de la Convención. Es un proceso que ya se usa en otras convenciones como la Convención de la ONU contra la Corrupción y la Convención de la OCDE contra el soborno transnacional.

El quid de la cuestión está en que, para que estas visitas se lleven a cabo, los países deben expresar su voluntad por escrito a la Organización de los Estados Americanos a más tardar el 12 de Septiembre.

17 países ya se han comprometido, pero todavía quedan 14 por hacerlo: Bahamas, Canadá, Ecuador, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Perú, la República Dominicana, Saint Vincent, Suriname, Trinidad y Tobago y Venezuela.

Si estos países no se suman, no serán incluidos en las visitas que comienzan el año entrante y a los evaluadores les faltará información fundamental para conocer los desafíos de los países para implementar la Convención y no podrán proporcionarles la ayuda necesaria. Si esto no ocurre para el 12 de septiembre, habrá que esperar por lo menos hasta 2015.

Transparency International anima a aquellos 14 países a que envíen sus cartas a la Organización de Estados Americanos lo antes posible. Las visitas al país, representan una mejora al sistema de monitoreo y no se puede dejar pasar esta oportunidad.