Honduras: Nuevo mecanismo de auditoría social en el sector seguridad

Centroamérica es una de las regiones más violentas del mundo. Honduras lidera el ranking mundial de países más violentos con una tasa de 82 homicidios cada 100.000 habitantes. En esta región hay indicios de que el crimen organizado ha logrado infiltrarse y cooptar a la policía. Es decir, la institución estatal por excelencia responsable de controlar y reprimir legítimamente el crimen y el delito.

La corrupción policial ha jugado un papel central en la expansión de la violencia y el crimen organizado. Esta atenta contra el estado de derecho al propiciar el desvío de recursos e impedir a esta institución desarrollar sus tareas de manera eficiente. Debido a la corrupción policial los estados centroamericanos no pueden garantizar a sus ciudadanos derechos tan fundamentales como el derecho a la vida y la integridad física.

Con el fin de revertir esta situación Honduras lanzó en mayo de 2012 la reforma de la seguridad pública con un fuerte énfasis en la lucha contra la corrupción en la policía. Este proceso responde a la creciente demanda de la ciudadanía hondureña, especialmente de los jóvenes, de acabar con corrupción de las agencias de seguridad pública y recuperar la paz perdida.

Para promover y proveer una crítica constructiva a este proceso la sociedad civil hondureña ha instalado un mecanismo de auditoría social que quiero compartir. Este mecanismo podría replicarse en otros países de Centroamérica o de otras regiones que atraviesan por fenómenos similares.

Se trata de una Comisión Multinacional Independiente formada por expertos locales e internacionales en anticorrupción y seguridad que se reúne cada cuatro meses para monitorear y evaluar los avances de la reforma. A partir de entrevistas con políticos, funcionarios de las agencias de seguridad, periodistas y líderes de la sociedad civil, la Comisión formula recomendaciones para promover la eficiencia, eficacia y la transparencia del proceso.

Iniciativas de participación ciudadana en el área de seguridad son muy poco comunes a nivel global. Este es uno de los principales hallazgos del reporte Arrestando a la corrupción policial de Transparency Internacional Reino Unido, que analiza la reforma policial en 10 países del mundo.

La participación de la sociedad civil en la formulación, implementación y evaluación de las políticas de seguridad pública es crucial para garantizar su éxito. A través de mecanismos de auditoria social como esta Comisión la sociedad civil puede promover el buen uso de los recursos públicos y la legitimidad de las acciones gubernamentales, al articular intereses y canalizar las demandas de diferentes actores sociales.

En su primera visita a Honduras en enero 2013 la Comisión hizo las siguientes recomendaciones: 1) más apoyo político y financiero del gobierno al proceso de reforma de la seguridad pública; 2) acciones concretas contra la impunidad, tales como la investigación y sanciones de crímenes violentos y de corrupción; 3) la creación de un mecanismo efectivo de coordinación entre las instituciones involucradas en el proceso.

Si bien todavía no es posible anticipar el impacto de la Comisión en la reforma hondureña su puesta en marcha es sin duda un paso adelante para la construcción de un ambiente de paz y seguridad en el país. Este mecanismo permite acercar y crear confianza entre la sociedad civil y las agencias de seguridad hondureñas. Estas instituciones carecen de legitimidad y están muy desacreditas por su incapacidad de controlar la expansión del crimen y la violencia y por sus vínculos con el crimen organizado. Según el Latinobarómetro el 79% de los hondureños tiene poca o ninguna confianza en la policía y sólo el 7% reportaría un crimen.

La Comisión es una iniciativa de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), una coalición de organizaciones de la sociedad civil, religiosas, sindicatos y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras convocada por la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), organización aliada de Transparency International en Honduras. Actualmente APJ invita a todos los hondureños a firmar esta petición para exigir reformas y la depuración de las instituciones responsables de brindar seguridad y justicia en Honduras.