La Casa Real Española y el respeto al estado de derecho

The Royal Palace of Madrid, the official residence of the Spanish Royal Family.

Noticias recientes indican que en Espana  la Infanta Cristina ha sido llamada a declarar como imputada por supuestos delitos fiscales y de blanqueo de capitales, esta es una oportunidad para recordar a los gobiernos de todo el mundo que para que la justicia pueda hacer su trabajo se debe garantizar su independencia y alejarla de cualquier interferencia política.

En el caso de la infanta Cristina el fiscal se ha opuesto de forma activa al juez y ha usado diferentes tácticas legales para evitar su declaración como testigo. Lo cual, aun siendo posible, no es muy habitual teniendo en cuenta la obligación de defensa del interés público de la fiscalía.

En los últimos años jueces encargados de perseguir varios casos de corrupción han sido sospechosamente retirados o reasignados de muchos casos o incluso expulsados de la carrera judicial. El caso más famoso es el del ya exjuez Baltasar Garzón. En Noviembre de 2010, más de 1.500 jueces españoles criticaron las interferencias en el poder judicial por parte de los partidos políticos, destapando lo que era un secreto a voces entre los abogados en España.

La corrupción del poder judicial es una de las mayores preocupaciones de los españoles. De acuerdo con el Barómetro Mundial de la Corrupción publicado en 2013, el 51 por ciento de los españoles cree que la justicia es corrupta o extremadamente corrupta, con casi el 83 por ciento que piensa lo mismo de los partidos políticos.

Transparency International cree firmemente que solo aquellos gobiernos que preservan un poder judicial independiente y eficaz, alejado de cualquier interferencia política, puede pararle los pies a aquellos corruptos que se salen con la suya una y otra vez.

El papel de la Casa Real en España es muy delicado; se considera que la institución “ha sido capital en la Transición española y que es capital para el prestigio de España en el exterior”, como declaró el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo el pasado Abril.

Sin embargo, en los últimos años, la casa real ha ido cayendo en popularidad. Como ejemplo la reciente fotografía del Rey Juan Carlos, antiguo miembro de WWF, junto a un elefante muerto una cacería en Botswana. Esta imagen no ha ayudado precisamente a la imputación de su hija cuyo marido, Iñaki Urdangarin, ha sido imputado por supuestas prácticas delictivas en el conglomerado de empresas del Instituto Nóos, una asociación sin ánimo de lucro, por valor de 5,8 millones de euros.

Hay que indicar, sin embargo, que en su mensaje de navidad el rey pidió mayor transparencia e  insistió en la obligación de someterse al estado de derecho de todos los españoles.

Estamos de acuerdo, y para asegurar que el estado de derecho es preservado en España, es esencial que la justicia sea capaz de actuar de la forma más eficaz e imparcial en este caso.

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