Colombia – un gran paso hacia la cultura de la transparencia

Colombianos andando en bicicleta por las calles de Bogotá. Gracias a la nueva Ley de Acceso a la Información, los ciudadanos podrán saber más sobre lo que hacen sus gobernantes e instituciones públicas.

El 6 de Marzo, el presidente colombiano Juan Manuel Santos firmó la Ley de Acceso a la Información. Esto fue el paso formal de un largo proceso liderado por organizaciones de la sociedad civil en colaboración con muchos sectores del país.

El derecho de los ciudadanos a conocer en detalle el quehacer del gobierno y las instituciones públicas, y saber cómo se asignan los recursos, son algunos de los instrumentos más importantes para poder luchar contra la corrupción. Una sociedad donde la información sobre políticas, administración y derechos civiles es pública y comprensible hace más complicado que se den prácticas corruptas.

En los últimos años, por ejemplo, han salido a la luz escándalos de corrupción en Colombia donde estaban en juego grandes cantidades de dinero destinadas a proyectos de infraestructura, servicios de salud, pero también fraude fiscal y corrupción en las fuerzas armadas. Dinero público que acabó en los bolsillos de funcionarios de alto nivel y representantes de empresas. La nueva ley de transparencia podría ser una herramienta para abordar la corrupción en los procesos de contratación pública y en la prestación de servicios y mejorar así el desarrollo político, económico y social del país.

La ley podría también contribuir a la implementación del tratado de paz que se está negociando desde Noviembre 2012 entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ambos acordaron que un tema clave para ello será la mejora de la participación ciudadana así como el monitoreo de las políticas públicas. Ambas actividades requieren que todos los ciudadanos del país tengan acceso efectivo a información pública.

Son necesarias todas las caras de la moneda

La ley ha pasado por muchas fases desde que organizaciones de la sociedad civil presentasen el primer borrador en 2011. El texto final incluye elementos muy positivos sobre quién está obligado a entregar información y qué información se tiene que entregar. Esto es probablemente el signo distintivo de la ley colombiana en comparación con leyes de otros países.

Bajo esta nueva ley, no solo están las instituciones públicas obligadas a entregar información, sino que también lo están aquellas entidades privadas que prestan servicios al estado y partidos y movimientos políticos. Este amplio alcance permitirá que los ciudadanos puedan tener una perspectiva integral de lo que está pasando en el país.

Uno de los temas que siempre son controvertidos en los debates sobre este tipo de leyes es el deseo de algunos sectores de incluir excepciones a la información que se debe entregar. El texto aprobado en Colombia, dice de forma explícita que incluso si hay excepciones en la ley (seguridad pública, protección de datos personales, etc.) aquellas entidades en posesión de la información no pueden simplemente negarse a entregarla sino que tienen que argumentar por qué. Esto, ojalá, signifique que las excepciones sean poco frecuentes y el escrutinio más realista. Otro aspecto positivo es que, además, los ciudadanos no tienen que justificar por qué están solicitando cierta información cuando se acercan a una entidad pública.

El papel central de la sociedad civil en este proceso

Las organizaciones de la sociedad civil han jugado un papel clave desde el diseño a la promoción de la Ley. Cinco años de arduo trabajo de la Alianza Más Información Más Derechos han rendido fruto.  Durante estos años, miembros de la Alianza han trabajado con representantes del Congreso, el ejecutivo, agencias de cooperación internacional y con aquellas instituciones públicas directamente responsables de implementar la ley. Transparencia por Colombia, nuestro capítulo en el país, ha sido un miembro de la Alianza desde el comienzo.

¿Y ahora?

A seis meses de su firma, las instituciones colombianas a nivel nacional estarán obligadas a entregar información. Sus pares a nivel regional y local tendrán seis meses adicionales para prepararse. Pero este es solo el primer paso para que la Ley signifique un cambio. Las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones públicas tienen que continuar trabajando juntos para asegurar que el acceso a la información no sea teoría sino que se convierta en una buena práctica.

Es importante que aquellos responsables de entregar información conozcan sus obligaciones y cómo ponerlas en práctica. Un paso positivo sería que las instituciones públicas, tal y como lo estipula la ley, comiencen a diseminar de forma proactiva información y no esperasen a que los ciudadanos la soliciten.

La información debe ser de fácil acceso y comprensible para que sea un instrumento real y útil en el monitoreo de las instituciones y políticas públicas.  Al mismo tiempo, los ciudadanos y las organizaciones de sociedad tienen que identificar aquellas áreas clave dónde se necesita de forma urgente información pública y usar esta ley como oportunidad para aumentar la confianza entre ciudadanos e instituciones.

Conozca aquí el proceso paso a paso

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