Un día jueves a finales de Agosto, los ciudadanos costarricenses encendieron sus televisores, radios y aparatos móviles para escuchar las palabras de Luis Guillermo Solís – el recientemente electo Presidente de Costa Rica – acerca de los primeros 100 días de su administración.
El discurso y el informe presentados dibujaron un panorama altamente crítico del Estado costarricense. El presidente dijo que en sus primeros 100 días había encontrado que “en la mayoría de las oficinas públicas, el desorden es inimaginable” y “la ineficiencia, intolerable”. Además, informó a sus oyentes que “para pesar mío y el de ustedes, si esta noche pretendiera revelar con algún detalle lo que hemos descubierto que acontece en las instituciones públicas de Costa Rica, tendría que desvelarlos por varias horas.”
Entre los múltiples problemas enumerados por el presidente, por ejemplo, se mencionó que del 2006 al 2013, sólo la Sala Constitucional condenó a un promedio de diez instituciones o funcionarios públicos por día, por incumplimiento de sus deberes o “atropellar los derechos fundamentales de las y los ciudadanos.” En estos casos, ya sea por mal manejo o por corrupción, el Estado había fallado en sus responsabilidades hacia la ciudadanía.
De este modo, el presidente tomó un importante primer paso en dirección a cumplir los compromisos asumidos por los candidatos presidenciales en enero del presente año, durante el debate electoral televisado coorganizado por Costa Rica Integra, representante de Transparency International en el país.
Para que este discurso sea recordado como un verdadero hito en la lucha contra la corrupción en Costa Rica, sin embargo, la clave será lo que viene. En los días siguientes a las palabras presidenciales, Costa Rica Integra enfatizó que elaborar un listado de ejemplos de mal manejo y corrupción es un paso valioso y necesario, pero no equivale a una estrategia integral de transparencia y anticorrupción.
Entre las medidas esenciales que propone Costa Rica Integra para el logro de resultados efectivos en la lucha contra la corrupción en Costa Rica se encuentran las siguientes:
Fortalecimiento de las instancias de control en la administración pública y la vigilancia ciudadana
En particular la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y su fiscalía especializada, y la Procuraduría de la Ética, entes públicos especializados que enfrentan limitaciones para financiarse, aumentar y capacitar adecuadamente a su personal, y fortalecer la coordinación inter-institucional en sus intervenciones.
Gobierno Abierto
Costa Rica suscribió en 2011 la Alianza Global por un Gobierno Abierto (AGA), cuyos principios de acción son la transparencia, la participación y la colaboración entre Estado y sociedad. Resulta impostergable avanzar en la construcción de instancias y enfoques participativos en la gestión pública, lo que pasa por la instalación de la Comisión Intersectorial de Gobierno Abierto y por asignar la conducción de esta iniciativa al más alto nivel de la Administración Pública.
Intervención en casos de mala gestión y corrupción en la seguridad social
Muchos de los quebrantos a la Constitución que sanciona la Sala IV de la
Corte Suprema de Justicia son precisamente en referencia al sistema de seguridad social, sin que hasta el momento se hayan provocado mejoras sustantivas en la gestión para evitar esta recurrencia de los asegurados a la justicia constitucional. Siendo uno de los pilares esenciales del sistema costarricense de bienestar, acometer la tarea reformar la Caja Costarricense del Seguro Social de manera efectiva y transparente, constituye una prioridad inmediata para la Administración Solís y el conjunto de organizaciones políticas costarricenses.
Participación del sector privado
El sector privado debe involucrarse más activamente en la lucha contra la corrupción, exigir mayor eficiencia y rendición de cuentas en la gestión pública y fortalecer prácticas de integridad en los negocios, para construir un entorno de inversión y crecimiento favorable al desarrollo del país. A los esfuerzos de colaboración Gobierno – sector privado en materia de combate al contrabando, pueden sumarse acciones estratégicas en otros ámbitos como el uso efectivo de una plataforma virtual para licitaciones y contrataciones del Estado, la revisión de los mecanismos de concesión de obra pública y otros de sensible impacto en el funcionamiento del Estado costarricense.
Participación social efectiva
Por último, pero no por ello menos importante, Costa Rica Integra hace un llamado para que los ciudadanos, las organizaciones de sociedad civil y los partidos políticos participen de manera vigilante y constructiva, en la elaboración de una política con visión de país y un plan de acción concreto para enfrentar la débil cultura de legalidad señalada por el Mandatario. Sin duda, una política nacional por la transparencia y contra la corrupción es un área de atención primaria y determinante para el futuro del Estado y la sociedad costarricense.
El país se encuentra en un momento político oportuno para discutir una política de Estado sobre estas temáticas, que atiendan el objetivo de impulsar acciones tendientes a reducir y evitar prácticas de corrupción y mala gestión, sobre todo en los más altos niveles del Estado y la sociedad, y más allá de programas o plataformas puntuales coyunturales.
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Carousel image: Creative commons, Flickr / Zhu
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