A partir de mañana (Oct. 22) un grupo de representantes de gobiernos y expertos que pertenecen al Grupo de Acción Financiera (GAFI) – la Organización líder en materia de políticas contra el lavado de dinero a nivel global – se encontrará en París. La agenda incluye la adopción de un documento sobre un tema de alta relevancia en la lucha contra el crimen, la corrupción y la evasión fiscal alrededor del mundo.
Es una lástima que nadie fuera de este pequeño círculo de expertos de gobiernos y organizaciones internacionales haya tenido la oportunidad de ver el documento antes de su publicación.
De acuerdo a la página web del GAFI (FATF por sus siglas en inglés), en su reunión plenaria la Organización adoptará lineamientos sobre beneficiarios reales y transparencia corporativa.
El término “beneficiario real” se usa para describir a quien realmente se beneficia de los activos y las ganancias de una empresa. Actualmente, en muchos países es posible formar empresas pantalla con directores nominales, detrás de los cuales está oculto el beneficiario real. Cuando existe esta posibilidad de esconder la identidad de una persona detrás de una empresa pantalla, hay un riesgo de que esta ventaja sea usada para esconder dinero ilícito.
Los lineamientos del GAFI son muy importantes porque “ayudarán a los países a diseñar e implementar medidas que disuadan y prevengan el abuso de entes jurídicos, tales como empresas, fideicomisos y otros tipos de personas y arreglos jurídicos, para el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros propósitos ilegales.”
La transparencia corporativa para identificar a los dueños reales de una empresa es una medida esencial para prevenir el abuso de empresas pantalla cuyos dueños no están identificados. Existe una gran cantidad de evidencia que muestra que las empresas pantalla han jugado un rol en casos criminales y de corrupción. Sin ir más lejos, la semana pasada se informó en el Reino Unido que 19 empresas pantalla habrían sido usadas para lavar 20 mil millones de dólares en fondos ilícitos.
El GAFI, a pesar de no ser muy conocido a nivel internacional, es una poderosa Organización Intergubernamental que establece estándares globales para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Desde su creación en 1989, el GAFI ha tenido gran éxito en lograr que los países se comprometan con sus recomendaciones, lo cual ya han hecho más de 180 países.
El GAFI no sólo establece estándares: también evalúa que tanto los países están cumpliendo con ellos y puede poner a países rezagados en “listas negras” y “listas grises”.
Sin embargo, no está claro en que medida ha tenido éxito en lograr que los países cumplan con las recomendaciones en la práctica. En Diciembre de 2013 la OCDE encontró que ninguno de sus 34 miembros cumple plenamente con las recomendaciones. Otros estudios independientes han cuestionado la efectividad del sistema global anti-lavado.
A pesar de estas críticas, es indiscutible que el GAFI es la Organización líder en temas de lavado de dinero, con gran influencia sobre gobiernos nacionales. Además, la Organización ha actualizado y fortalecido su metodología, la cual a partir del 2014 permitirá medir la efectividad de los marcos regulatorios nacionales.
Dado que la propiedad anónima de empresas es una de las debilidades clave que se aprovechan para lavar dinero sucio, parece una oportunidad desaprovechada el no haber compartido la guía sobre beneficiarios reales en forma borrador con la sociedad civil para obtener sus comentarios. El GAFI se hubiera sorprendido con la cantidad y calidad de las respuestas.
La Coalición por la Transparencia Financiera, por ejemplo, reúne a más de 150 organizaciones de sociedad civil, además de gobiernos y expertos, y sus miembros han acumulado un nivel considerable de conocimiento sobre el problema de la propiedad anónima de empresas y sus consecuencias. Ha emergido un fuerte consenso en que la mejor manera de afrontar los abusos es mediante la creación de registros públicos centrales de beneficiarios reales, que permitirían a las autoridades identificar con facilidad a los verdaderos dueños de las empresas, incrementando de esta manera la posibilidad de atrapar a los criminales.
En la reciente conferencia anual de la Coalición, realizada la semana pasada en Lima, la transparencia en la propiedad corporativa fue discutida en múltiples paneles, vinculada a temas tan diversos como derechos humanos, industrias extractivas y cambio climático.
El GAFI ya ha tomado pasos significativos para mejorar su transparencia publicando sus informes y otros documentos guía en forma completa en su página web. Sin embargo, la publicación ocurre solamente después de la aprobación final de los documentos.
La Organización debiera llevar su transparencia un paso más adelante, haciendo mayores esfuerzos para permitir que los ciudadanos y ciudadanas participen y comenten durante el proceso de elaboración de las publicaciones.
La ciudadanía es la principal víctima de los crímenes que generan fondos ilícitos que luego son lavados. Por lo tanto, debería tener la oportunidad de contribuir a soluciones a un tema que le afecta de forma directa.
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