Un viraje clave hacia la lucha contra la corrupción para la iniciativa de la OGP

Desde su inicio, la Alianza de Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) ha pasado de 8 a 65 países participantes (subrayados en azul).

Desde sus inicios en 2011, la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership, OGP) ha intentado promover una visión del mundo donde los gobiernos sean transparentes, inclusivos y rindan cuentas. Y lo está logrando. La OGP comenzó con tan solo ocho países y, en la actualidad, ya son 65 los que han aceptado compartir esa visión e incorporar modos prácticos para hacer de ese proyecto una realidad.

Para muchos de los que trabajamos en el movimiento contra la corrupción, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación han sido, desde hace tiempo, componentes claves de nuestro paquete de herramientas, y la integridad pública y empresarial nuestra máxima aspiración. La manera de lograr un gobierno abierto y luchar contra la corrupción es, en términos generales, una sola.

Por ejemplo, promovemos que haya más acceso a la información, de modo tal que los ciudadanos puedan exigir a sus líderes que rindan cuentas, y también que haya una mayor transparencia para, así, poder eliminar los conflictos de interés que se presentan en áreas como contrataciones públicas.

Sin embargo, en los espacios de trabajo nacionales y regionales de OGP, así como en sus evaluaciones y en la catalogación de los planes de acción nacionales, la palabra “corrupción” ha quedado relegada a un pequeño lugar dentro de la denominada “nube de palabras”.

Esto representa un problema, ya que cuando nadie habla de corrupción dentro del movimiento de gobierno abierto, se ignoran los desafíos que implica hacer funcionar a la OGP en países con corrupción, que son aquellos en los que actores privados o corruptos llevan adelante, por lo menos, alguna de las siguientes acciones: ejercen influencias indebidas en el sistema político, desvían fondos destinados a desarrollo, debilitan el poder de organismos de supervisión fundamentales o simplemente dificultan el acceso a servicios básicos si no se ofrece algún tipo de soborno.

Son muy pocos los países donde no se presenta alguno de estos fenómenos, si es que los hay. De los 65 países que actualmente participan en la OGP, más de la mitad alcanza menos de 50 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International, lo cual indica que existe un problema endémico de corrupción dentro del sector público.

Por eso fue tan importante que, en su reciente discurso ofrecido en la reunión de alto nivel de la OGP en el ámbito de las Naciones Unidas, el presidente Obama instara a la OGP a ampliar sus iniciativas contra la corrupción y a que hiciera del trabajo conjunto con la sociedad civil un pilar fundamental. Declaró al respecto que “continuar con esta lucha global contra la corrupción debe seguir siendo uno de los principales objetivos de la Alianza para el Gobierno Abierto”.

En conversaciones informales con colegas activistas de la OGP fuera de Transparency International, cuando pregunto por qué la OGP no aborda la corrupción como un tema más prioritario, me indican que el gobierno abierto abarca mucho más que la corrupción.

Si bien eso es cierto, dejar de lado la corrupción tiene un costo, y esto es algo que el discurso de Obama expresó con claridad: no existe un verdadero gobierno abierto si no se implementa un régimen estricto y efectivo contra la corrupción.

“Es necesario sancionar leyes contra la corrupción y, luego, hacerlas cumplir”, enfatizó, “de modo tal que quienes roben a su pueblo sean obligados a rendir cuentas por su accionar, y los ciudadanos puedan confiar en un sistema que no esté viciado y en el cual se haga justicia”.

Será muy difícil generar confianza en el sistema si el programa de gobierno abierto desvía en cualquier modo sus esfuerzos y recursos y no los aplica a una reforma contra la corrupción. Por otro lado, el sistema se fortalecerá si el movimiento de gobierno abierto incluye la lucha contra la corrupción como un factor clave de sus objetivos y de su estructura.

¿Por qué esto es importante? Como fue manifestado enérgicamente por el Presidente de los EE. UU., “la corrupción no es solo inmoral, sino que desde un punto de vista práctico puede usarse para desviar miles de millones de dólares que servirían para promover el desarrollo. La corrupción conlleva inequidad, facilita violaciones de derechos humanos, fortalece el crimen organizado y el terrorismo y, en última instancia, genera inestabilidad”.

El programa de la OGP coincide claramente con la lucha contra la corrupción que lleva adelante Transparency International. Si la OGP aspira a superar los cinco grandes desafíos, a saber: 1) Mejorar los servicios públicos, 2) Aumentar la integridad pública, 3) Gestionar de modo más efectivo los recursos públicos, 4) Crear comunidades más seguras y 5) Incrementar la responsabilidad empresarial, deberá entonces abordar el tema de la corrupción sin rodeos.

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