Las leyes de transparencia sirven de poco si no son aplicadas en la práctica. A veces, son necesarias la insistencia y el coraje de ciudadanos y de organizaciones de sociedad civil para que esto ocurra.
En el Salvador, el Centro de Apoyo Legal Anticorrupción (ALAC por sus siglas en inglés) de FUNDE, socio de Transparency International en el país, en menos de un año y medio ya se ha ganado un nombre como organización que lucha por el acceso a la información pública.
Uno de sus esfuerzos recientes, por ejemplo, es pedir que la oficina de la presidencia publique información básica referida a viajes tomados por el expresidente y la ex primera dama, así como informes de auditoría interna y gastos en publicidad. Estos pedidos se dieron a raíz de las solicitudes planteadas por un grupo de ciudadanos, en mayo de 2014, que demandaron conocer el detalle de los mismos.
La información referida a viajes pasados requerida por el ALAC a la presidencia incluye:
- Miembros de las comitivas que viajaron con el expresidente
- Costo de los pasajes aéreos
- Duración y destino de los viajes
La oficina de la presidencia (actual) se rehusó a proporcionar esta información, argumentando que generaría un riesgo a la seguridad del presidente. Esta decisión se tomó a pesar de que el ALAC explícitamente solicitó información sobre viajes pasados en vez de futuros, y que no había solicitado datos sobre los planes de seguridad.
En diciembre de 2014, luego de una apelación y una audiencia pública, las autoridades del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), dio la razón a la presidencia y decidió que la información solicitada sobre viajes no sea publicada.
Aunque hubo una victoria parcial a favor de la transparencia, dado que el IAIP sí desclasificó información adicional solicitada por el ALAC – por ejemplo las auditorías internas de la presidencia – el Instituto sólo publicó montos globales referidos a los gastos en publicidad de la presidencia.
El ALAC ha decidido llevar esta solicitud a la Corte Constitucional, la cual en casos anteriores se ha pronunciado a favor de la transparencia.
Este pedido de información ya ha logrado abrir la discusión sobre la discrecionalidad con que los servidores públicos usan fondos públicos, un tema que tradicionalmente se manejaba con reserva. La cobertura mediática del caso además ha motivado que más ciudadanos se acerquen al ALAC a pedir información sobre el uso de fondos por parte de otros funcionarios.
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