Marcia Reis es activista de la red Amarribo Brasil, socio de Transparency International (TI) en Brasil, quien fue arrestada por denunciar corrupción. Desafortunadamente, en este país quienes denuncian corrupción son considerados traidores, y de manera muy frecuente, son víctimas de amenazas y persecuciones.
“Cuando un activista denuncia pasa a ser perseguido por quien es denunciado”. “Yo fui detenida por reclamar más transparencia y fiscalización en mi municipio. “ Las autoridades de mi ciudad consideran que el reclamo de mis derechos trastorna el orden público,” me contó Reis en un evento reciente con activistas en la ciudad de San Pablo.
Reis tuvo suerte. “Hace poco, las autoridades federales confirmaron que estas acusaciones son falsas y ahora están trabajando en resolver mi caso,” dijo Reis.
Amenazas, persecuciones, detenciones injustificadas y hasta asesinatos son los riesgos que enfrentan quienes denuncian corrupción en Brasil. Su evidencia es, sin embargo, crucial para desenmascarar a la corrupción en todos los sectores y niveles de la sociedad.
Por este motivo, es fundamental garantizar su protección. Si se logra esto, más personas van a denunciar, y habrán más chances de que la corrupción se investigue y se sancione. En el largo plazo esto va a mejorar la vida de las personas.
“El problema más grande de los activistas que luchan contra la corrupción en Brasil hoy es que cuando hacen una denuncia existe un plazo muy largo hasta que se inician las investigaciones.” Entre el período de denuncia y la investigación el activista no recibe ningún tipo de protección por parte del Estado,” dice Reis.
Los brasileños están reclamando más protección para los denunciantes desde hace tiempo. En Brasil, al igual que en muchos países de América Latina, las personas sienten que no vale la pena denunciar corrupción por los enormes riesgos que ello implica y las pocas probabilidades de éxito. En promedio sólo un tercio de los casos de corrupción a nivel nacional reciben condena en Brasil.
El caso de Marcia es uno entre muchos que ocurren en el país, sobre todo a nivel local, en donde la discrecionalidad de las autoridades públicas es muy alta y los vínculos entre el poder público, el privado e incluso crimen organizado muchas veces se entremezclan.
En estos contextos, quienes denuncian corrupción se exponen a riesgos extremos. En 2015, por ejemplo, un periodista fue decapitado en Minas Geais por denunciar un caso de corrupción, prostitución infantil y tráfico de drogas. Según el Comité para la Protección de Periodistas desde 2011 el 62% de los periodistas asesinados en Brasil denunciaron casos de corrupción. Iniciativas como SOS Periodistas, una plataforma para que los periodistas puedan denunciar ataques mientras hacen su trabajo, es una manera nueva de protegerlos y registrar abusos. Pero esto no es suficiente.
Fortalecer la protección de denunciantes
Brasil necesita fortalecer el marco legal de protección de denunciantes y promover su difusión e implementación efectiva en todos los niveles de gobierno. Existen buenos parámetros para orientar este trabajo, incluyendo los principios de protección de denunciantes elaborados por TI y la ley marco de la OEA, que recogen buenas prácticas internacionales.
Dada la importancia del problema, en los próximos años TI promoverá la protección de víctimas y testigos de corrupción en Brasil, a través del recientemente creado Centro de Acopio y Asistencia Legal Anticorrupción (CAIAC). Este centro se inspira en los Centros de Asistencia Legal Anticorrupción (ALACs) de TI que operan en más de 60 países.
El centro en Brasil proveerá asistencia legal gratuita, confidencial y segura a víctimas y testigos de corrupción para que estos puedan hacer valer sus derechos de manera efectiva.
Por el momento CAIAC va a operar en el estado de San Pablo. En el futuro extenderemos el servicio a otros lugares del país y se podrán realizar denuncias vía smartphones y plataformas web. Queremos que personas de todo Brasil tengan acceso a este servicio.
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