Zoe Reiter y Max Heywood, Departamento de las Americas de TI. Read this article in English here
Recientemente estuvimos en Perú con tres de nuestros capítulos nacionales para discutir los resultados preliminares del proyecto piloto EELA (Economic Equality in Latin America – Igualdad Económica en Latinoamérica) que apunta a lograr programas de transferencias condicionadas (PTCs) más transparentes y con mayor rendición de cuentas en Bolivia, Guatemala y Perú. Los PTCs son, en casi todos los países de Latinoamérica (y cada vez más alrededor del mundo), uno de los medios más importantes para mejorar los estándares de vida de los pobres y romper el ciclo intergeneracional de la pobreza.
Los PTCs dan dinero directamente a decenas de millones de los hogares más pobres. Estos hogares, a su vez, cumplen con ciertas “condiciones” que están diseñadas para ayudar a que estas familias puedan generar estrategias de vida sustentables en el largo plazo, como por ejemplo enviar sus niños a la escuela o acceder a controles de salud en forma regular.
La premisa del proyecto de TI es que para que estos programas sean efectivos y mejoren los estándares de vida de la población más pobre del país, deben tener mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que aseguren que “los beneficios correctos lleguen a las personas correctas en el momento indicado”.
La clave está en asegurar que los PTCs lleguen a quienes más necesidades tienen y que los programas, a cualquier nivel, no sean vulnerables al abuso de poder. Por ejemplo, puede haber casos en los que los hogares más pobres que debieran recibir los beneficios son injustamente excluidos por no responder a procesos de clientelismo locales o nacionales. La primera etapa del proyecto evalua todas las fases del PTC, desde el planeamiento hasta la entrega de beneficios y evaluación, para identificar donde hay mayores probabilidades de que ocurran estos riesgos.
Los capítulos de TI luego hacen un análisis detallado, concentrándose sobre las áreas de riesgo identificadas. Trabajando con comunidades locales se evalua, por ejemplo, en que medida las familias de la zona conocen y son capaces de ejercer sus derechos y responsabilidades en el marco del PTC.
Es fundamental llegar a las familias pobres que aún no se benefician del programa pero tienen derecho a hacerlo.
La investigación participativa a nivel local identifica oportunidades y prácticas que potencialmente permitan que las voces de los hogares más vulnerables sean incorporadas a los programas. Como parte de este proceso las comunidades identifican a los actores e instituciones (por ejemplo alcaldes o políticos locales) que mejor nivel de respuesta demuestran frente a sus preocupaciones sobre los programas.
La estructura social comunitaria que determina la lógica de toma de decisiones a nivel local no siempre coincide con la estructura formal del programa. El gráfico (en las fotos arriba y abajo), muestra a quienes recurren las personas de la comunidad para ingresar al programa o para resolver problemas: por ejemplo políticos locales, autoridades municipales en las áreas de salud y educación, etc.
De este modo, TI lleva sus enfoques probados de diagnóstico de expertos y trabajo con múltiples actores, y agrega un enfoque de empoderamiento de comunidades locales para monitorear los programas y ejercer derechos. Después de todo, son quienes deben beneficiarse de estos programas quienes mejor pueden monitorearlos e identificar si no están funcionando.
En Agosto de 2011 TI producirá una Guía de Monitoreo de PTCs desde la Sociedad Civil, en base a las experiencias del proyecto piloto y también incorporando otras experiencias en la región. Más información a la brevedad!