La nueva edición del Índice de Percepción de la Corrupción 2011 de Transparency International muestra algunos resultados interesantes en la región de América. Alejandro Salas, Director Regional para América de Transparency International, nos ofrece su análisis particular sobre estos resultados y comenta las tendencias observadas, los desafíos a futuro y los avances conseguidos en la región.
El Índice de Percepción de la Corrupción 2011 clasifica a 183 países, 32 de ellos de América. Más de dos tercios de estos países no alcanzan siquiera los puestos medios del ranking mundial, lo cual señala que la corrupción sigue representando un grave problema.
Las puntuaciones de 2011 rebaten la afirmación de que en algunas regiones la corrupción sería un problema cultural. Entre los países de América que recibieron una puntuación superior a cinco, encontramos no solo países de América del Norte, sino también de América Latina y el Caribe. Es importante señalar el caso de Chile, que por segundo año consecutivo obtuvo una puntuación superior a la de Estados Unidos.
Los avances conseguidos por Chile son un positivo y rotundo ejemplo para otros países de América Latina. Establecen, además, parámetros más ambiciosos para aquellos países que están impulsando políticas y prácticas destinadas a fortalecer la transparencia y combatir la corrupción. Sin embargo, haber alcanzado una posición relativamente alta no debe servir para que estos países se den por satisfechos. Si bien es un reflejo de que se han conseguido avances en la dirección correcta, países como Chile y Uruguay deberían igualmente proponerse metas más ambiciosas y elevadas.
En el extremo opuesto del ranking se ubican Haití, Paraguay y Venezuela. Estos países no tienen el mismo sistema político ni comparten una misma ideología, pero en todos ellos las instituciones democráticas son débiles.
Ya sea porque sus instituciones no son independientes o porque los procesos de reforma democrática aún están en un estadio temprano tras años de gobierno autoritario, la realidad es que las principales instituciones de estos países no son sólidas. Esto incrementa la posibilidad de que los recursos públicos no se utilicen debidamente, que se adopten decisiones que favorezcan a grupos de interés específicos, que delincuentes queden impunes y que se recurra a la compra de votos durante los procesos electorales. Es decir, el resultado de esto es que las instituciones son más vulnerables a la corrupción.
Otro grupo de países con dificultades es el integrado por Argentina, Brasil, Colombia y México. Todos cuentan con abundantes recursos, sus economías tienen un desempeño relativamente positivo, algunas de sus instituciones son sólidas y modernas, celebran elecciones periódicamente y existen diversos partidos políticos que se alternan en el poder. A pesar de ello, continúan ocupando las posiciones en el extremo inferior del índice.
Aun cuando su potencial es innegable, estos países no han conseguido ascender significativamente en el ranking a lo largo del tiempo. Esto podría deberse, en parte, a que algunos presentan una estructura política federal o sumamente descentralizada.
Especialmente en Brasil y México, es común que algunas instituciones modernas que intentan impulsar reformas se enfrenten a un sistema preexistente basado en el padrinazgo, el favoritismo y el regionalismo. Si bien han obtenido avances en varios frentes y quedó demostrado que existe interés en implementar reformas, las viejas prácticas continúan arraigadas en distintas regiones de estos países.
Por último, vale la pena mencionar un problema que, lamentablemente, afecta a demasiados países de la región: la delincuencia organizada. Los grupos ilegales constituyen un sector sumamente poderoso que socava las instituciones del Estado. Para poder beneficiarse mediante el tráfico de drogas y armamento y la trata de personas, las organizaciones delictivas necesitan asegurar que las fuerzas de seguridad, el poder judicial y otros organismos del Estado continúen siendo débiles. Como consecuencia de esto, por ejemplo, puede suceder que fiscales y jueces permitan que quienes cometen delitos no sean sancionados y que funcionarios de aduana toleren irregularidades.
Más allá de si la delincuencia organizada ha debilitado al Estado a través de la corrupción, o si fue la corrupción la que permitió que prosperara la delincuencia organizada, mientras ambas continúen coexistiendo las instituciones estarán amenazadas y no será posible evitar hechos de corrupción.
Considero importante señalar que la finalidad del análisis de los resultados de Índice de Percepción de la Corrupción no es determinar si un país está un 0,5 por encima o por debajo de otro país vecino. Lo verdaderamente importante es comprender cuáles son los factores subyacentes que favorecen la corrupción. Es esto justamente lo que deberían tener en cuenta quienes toman decisiones, para que todos los países de América puedan en algún momento ocupar el extremo superior del índice.