Incluso mientras los venezolanos se preguntan qué futuro le espera a su país tras las elecciones que dieron como vencedor a Nicolás Maduro, quedan muchos otros temas urgentes por resolver.
Las imágenes de algunas de las casas de la Misión Vivienda ayudan a visualizar la conexión entre la integridad del sector público y la integridad física de los hogares.
El 18 de enero Transparencia Venezuela publicó Análisis de riesgos de corrupción e integridad en gran Misión Vivienda Venezuela. Basado en los testimonios de personas que acudieron a los centros de asistencia legal de Transparencia Venezuela, se trata del primer estudio que arroja luz sobre debilidades críticas en la rendición de cuentas del principal programa de vivienda social del país.
El estudio cuestiona la eficacia de los controles de supervisión de los considerables recursos alocados a este programa. Alerta, además, de que las debilidades e inconsistencias son lo suficientemente serias como para que los destinatarios no reciban los beneficios prometidos.
Más de tres millones de familias en el país, según estadísticas del gobierno, se inscribieron en el programa Gran Misión Vivienda Venezuela, lanzado por el gobierno de Hugo Chávez en 2011. Otras 711,265 solicitaron ayudas para reformar daños estructurales en sus viviendas, así como para evitar que estas se derrumbaran.
El objetivo del programa era proveer viviendas a 32,000 personas que perdieron sus hogares durante las inundaciones masivas de 2010. Sin embargo y según Transparencia Venezuela, las datos del número de víctimas que han recibido tal vivienda no está disponible públicamente. Es más, está claro que muchas de estas víctimas todavía siguen sin hogar y continúan alojadas en centros comerciales, hoteles o cuarteles militares.
Transparencia Venezuela también ha informado de discrepancias entre el número de familias que han recibido una vivienda, según el gobierno, y la cifra total de casas que se construyeron, según informes financieros de las más de 20 instituciones responsables de construirlas.
Para nosotros, Transparencia Internacional, es muy importante que nuestro trabajo aborde cuestiones que afecten a la vida diaria de las personas. Estas incluyen el derecho a saber cómo se gestionan los recursos públicos y cómo los ciudadanos pueden participar activamente para mejorar la eficiencia y transparencia de esta gestión. Esto resulta particularmente relevante cuando se trata de programas sociales de gran escala que afectan a las vidas de millones de personas sumidas en la pobreza.
El estudio de Transparencia Venezuela es parte de una iniciativa multipaís denominada Equidad Económica en América Latina (EELA, por sus siglas en inglés) que aspira a tratar de asegurar que los destinatarios de programas de inversión social en la región puedan beneficiarse de ellos y que se alcancen los objetivos que estos programas estiman.
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